Versión en español
In August 1972, at an isolated naval base in Trelew, Argentina, military officers shook nineteen political prisoners out of their sleep in the middle of the night, lined them up against a wall and opened fire with lethal weapons. Sixteen died and three survived. This event came to be known as the Trelew Massacre.
Despite public outcry, the victims’ families were prevented from obtaining information and justice by the existing and successive authoritarian regimes. It was not until 2012, three decades after Argentina’s return to democracy, that most of the officers responsible for the massacre were prosecuted and found guilty in Argentine courts. One – Roberto Guillermo Bravo – moved to the United States in 1973, where he evaded justice until CJA’s clients brought suit against him. In July 2022, a Florida jury found him liable for extrajudicial killing, attempted extrajudicial killing, and torture in the Trelew Massacre.
In 1971, the Argentine military installed General Alejandro Agustín Lanusse as President of Argentina. By then, the Argentinean government was rolling out a scheme of repression that included tactics to deny core civil and political rights to those deemed to be “subversives,” intimidating and persecuting lawyers and families defending political prisoners, and widespread kidnapping and torture.
In May 1972, the Argentine government began relocating political prisoners to holding facilities far from their lawyers, families, and communities to further isolate them. In the events leading up to the Massacre, dozens of prisoners were moved from Buenos Aires and other urban centers in the north of the country to the southern province of Chubut, in the Patagonia region. Separated from families and lawyers by over a thousand miles, a group of political prisoners attempted an ill-fated prison escape. Of the twenty-five individuals who fled the detention center, nineteen were recaptured at the nearby airport. This group of young men and women were transported to Almirante Zar Naval Base, where they were interrogated, degraded, and tortured.
A week later, in the early hours of August 22, 1972, four Argentine naval officers, including Ensign Roberto Guillermo Bravo, allegedly woke the prisoners, ordered them to exit their cells, and lined them up against a wall in the hallway. The officers then opened fire on the group with lethal weapons, shooting indiscriminately.
The official military story was that this was a failed escape attempt. But the three severely injured survivors, María Antonia Berger, René Haidar, and Alberto Camps, told a different story and let the country know that what had taken place in Trelew was a massacre.
In the years that followed, the three surviving victims were either murdered or disappeared. Relatives of those killed and their lawyers faced extreme persecution to keep them quiet and prevent them from seeking accountability. Despite the public outcry following the Trelew Massacre, it was decades before any of the participating officers were held accountable.
In 2012, three of the perpetrators of the Trelew Massacre who were in Argentina were convicted. Argentinean courts found the Trelew Massacre had been a crime against humanity, committed in the context of widespread and systematic persecution of General Lanusse’s dictatorship’s political opponents. The courts concluded, therefore, that the amnesty and statute of limitations were not applicable to the Trelew Massacre and affirmed the convictions.
On July 1, 2022, a Florida jury found Bravo responsible for the extrajudicial killing of Eduardo Cappello, Rubén Bonet, and Ana María Villarreal de Santucho, and for the attempted extrajudicial killing and torture of Alberto Camps.The jury awarded $24.25 million in damages, including $12 million in punitive damages, to our clients, represented by CJA, Keker, Van Nest & Peters, and Markus/Moss, PLLC, in collaboration with the Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Center of Legal and Social Studies).
Argentina is still seeking Bravo’s extradition to face a criminal trial there. Though Bravo successfully contested the request for his extradition in 2010, Argentina submitted a renewed extradition request in 2019 with additional information obtained during the criminal trial of the other officers involved in the Massacre. The renewed request is pending before a federal district court in Florida.
Versión en español
En agosto de 1972, en una aislada base naval ubicada en Trelew, Argentina, oficiales militares abruptamente levantaron a diecinueve presos políticos en medio de la noche, los hicieron pararse en fila contra una pared para después abrir fuego con armas letales. Dieciséis murieron y sólo tres sobrevivieron. Este evento se conoció como la Masacre de Trelew.
A pesar del clamor público, los familiares de las víctimas se vieron impedidos de obtener información y justicia por los regímenes autoritarios existentes y sucesivos. No fue hasta 2012, tres décadas después del regreso de Argentina a la democracia, que la mayoría de los oficiales responsables de la masacre fueron procesados y declarados culpables en los tribunales argentinos. Uno de ellos -Roberto Guillermo Bravo- se trasladó a Estados Unidos en 1973, donde evadió la justicia hasta que los clientes de CJA presentaron una demanda contra él. En julio de 2022, un jurado de Florida lo declaró responsable de ejecución extrajudicial, intento de ejecución extrajudicial y tortura en la Masacre de Trelew.
En 1971, durante la dictadura cívico-militar de la llamada “Revolución Argentina” (1966-1973), la junta militar nombró al General Alejandro Agustín Lanusse como Presidente. Para entonces, el régimen militar había acelerado la implementación de una maquinaria de represión que incluía el uso generalizado de la tortura, secuestros, tácticas para privar de sus derechos civiles y políticos fundamentales a aquéllos considerados “subversivos”, e intimidar y perseguir a los abogados y las abogadas, y a las familias que defendían a los presos políticos.
En mayo de 1972, el régimen argentino empezó a reubicar a personas que estaban presas por razones políticas a prisiones y penales alejados de sus representantes legales, familias y comunidades para aislarles aún más. En los hechos anteriores a la Masacre, decenas de personas detenidas por motivos políticos fueron trasladadas desde Buenos Aires y otros núcleos urbanos del norte del país hacia la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, en la región de la Patagonia. Al estar a más de dos mil kilómetros de sus familias y representantes legales, un grupo de presas políticas y presos políticos intentó una fuga de la prisión, pero sin éxito. De las veinticinco personas que huyeron del centro de detención, diecinueve fueron capturadas en el aeropuerto cercano de Trelew. Se trasladó a ese grupo de hombres y mujeres jóvenes a la Base Naval Almirante Zar, donde se enfrentaron a interrogatorios y sufrieron tratos degradantes y torturas.
Una semana después, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuatro oficiales navales argentinos, entre ellos el Teniente de Corbeta Roberto Guillermo Bravo, despertaron a las presas y presos, les ordenaron salir de sus celdas y pararse en fila contra una pared en el pasillo. Luego, abrieron fuego en contra del grupo con armas letales, disparando indiscriminadamente.
La versión oficial manejada por el ejército fue que los hechos ocurrieron como respuesta ante un intento de fuga fallido. Sin embargo, los tres sobrevivientes, quienes sufrieron graves heridas, María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, contaron una historia diferente e informaron al país que lo ocurrido en Trelew había sido una masacre.
En los años siguientes, las tres víctimas sobrevivientes fueron asesinadas o desaparecidas. Los familiares de las víctimas y sus representantes legales enfrentaron persecución con la finalidad de mantener el silencio y para evitar que buscaran justicia y rendición de cuentas. A pesar de las protestas seguidas de la Masacre de Trelew, pasaron décadas antes de que alguno de los oficiales del ejército rindiera cuentas de sus actos ante los tribunales.
En 2012, varios de los autores materiales de la Masacre de Trelew que se encontraban en Argentina fueron sentenciados. Los tribunales argentinos determinaron que los hechos ocurridos en la Masacre de Trelew eran un crimen de lesa humanidad, cometido en el contexto de una persecución generalizada y sistemática a los opositores políticos de la dictadura de Lanusse. Por tanto, los tribunales concluyeron que la amnistía y el plazo de prescripción no eran aplicables a la Masacre de Trelew. En la instancia de apelación, las cortes confirmaron las condenas.
El 1ro de julio de 2022, un jurado de Florida (EE.UU.) declaró a Bravo responsable de la ejecución extrajudicial de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho, y del intento de ejecución extrajudicial y tortura de Alberto Camps. El jurado otorgó 24,25 millones de dólares en daños y perjuicios, incluidos 12 millones de dólares en daños punitivos, a nuestros clientes, cuyos representantes legales son CJA, y los estudios jurídicos de Keker, Van Nest & Peters y Markus/Moss, PLLC, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Argentina sigue solicitando la extradición de Bravo para que se enfrente a un juicio penal en ese país. Aunque Bravo impugnó con éxito la solicitud de su extradición en 2010, Argentina presentó una solicitud de extradición renovada en 2019 con información adicional obtenida durante el juicio penal de los otros oficiales involucrados en la Masacre. La solicitud renovada está pendiente ante un juez federal de distrito en el sur de Florida.
