The families of the victims of the Trelew Massacre have been seeking justice for the brutal killings of their loved ones for decades. The atrocities that took place during the early 1970s in Argentina, including this massacre, paved the way for the Argentine government’s terrorism against its own citizens during the Dirty War (1976-1983). Roberto Guillermo Bravo, a former Argentine naval officer involved in the shootings, has so far escaped accountability by hiding out in the United States, even as other perpetrators of this crime have been tried and convicted in Argentina. CJA and its partners bring this case to ensure that Bravo is held accountable. 

The complaint was filed in the U.S. District Court for the Southern District of Florida. 

Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger, and Marcela Santucho are family member of four of the victims of the Trelew Massacre. In the years following the massacre, the plaintiffs and their families have searched for answers and justice for the extrajudicial killings, attempted extrajudicial killing, and torture of their loved ones 

In 1972, Roberto Guillermo Bravo was an Ensign in the Argentine Navy stationed at the Almirante Zar Naval Base near Trelew, Argentina. Along with three other officers, Bravo participated in the shooting of 19 political prisoners – young men and women – held at the base. Three of the prisoners were seriously injured but survived. Soon after the Trelew Massacre, Bravo moved to the United States as a military attaché to the Argentine Embassy. Bravo has since become a U.S. citizen, worked as a salesman, manager, and CEO of multiple companies, and owns multiple properties and a yacht. The Argentine government has twice attempted to extradite Bravo, once in 2010 and again in 2019. The 2019 extradition request is currently pending in U.S. federal court 

Yes, Bravo is a U.S. citizen currently residing in the city of North Miami, Florida—the federal jurisdiction where the lawsuit was filed.  

The complaint alleges that Bravo was involved in the extrajudicial killing, attempted extrajudicial killing and torture of political prisoners in 1972.  

The case brings civil claims under the Torture Victims Protection Act.  

This case was recently filed in the U.S. District Court in the Southern District of Florida and is awaiting an answer from the defendant.  

No charges were brought in Argentina in connection with the Trelew Massacre until 2005. In 2008, Bravo and other former military officers were charged, and Argentina requested Bravo’s extradition from the United States. In 2010, a federal court declined to certify his extradition. As a result, Bravo never returned to Argentina, though Argentine prosecutors are still seeking his prosecution. Three other individuals directly involved in the massacre were prosecuted and convicted in 2012. Bravo remains the only officer who has escaped accountability thus far. Argentina has renewed its extradition request based on additional information obtained during the trials of the other three officers.  

The 2010 extradition request was denied by a U.S. federal judge who found insufficient evidence in the extradition request to find probable cause for surrender. The judge also accepted an argument advanced by Bravo that his crimes could not be prosecuted in Argentina because they were subject to an Argentine amnesty law.  

In 2019, Bravo was arrested pursuant to the Argentine government’s second extradition request. The current extradition request comes after criminal proceedings against the other perpetrators of the Trelew Massacre, is supported by additional evidence and clear findings by Argentine courts that no amnesty applies to the Trelew Massacre. He was freed on bail after posting a $4 million personal surety and a $1 million bond. The case is now pending certification in the Southern District of Florida.  

The Center for Justice and Accountability (CJA) is a San Francisco-based human rights legal organization dedicated to deterring torture, war crimes, crimes against humanity, and other serious human rights abuses around the world through innovative litigation and transitional justice strategies. CJA partners with impacted communities in pursuit of truth, justice, and redress, and has successfully brought cases against defendants such as the Minister of Defense of Somalia’s Siad Barre regime, the military officer responsible for the assassination of Chilean activist and singer Victor Jara, and Syria’s Assad regime for its targeted killing of war correspondent Marie Colvin. Visit www.cja.org.   

Las familias de las víctimas de la Masacre de Trelew llevan décadas buscando justicia por los brutales asesinatos de sus seres queridos. Las atrocidades ocurridas a principios de la década de 1970 en la Argentina, incluida esta masacre, trazaron el camino para el terrorismo de Estado de un nuevo régimen militar en contra de sus propios ciudadanos. Roberto Guillermo Bravo, un exoficial naval argentino involucrado en la masacre escapó hasta ahora de la acción de la justicia, ocultándose en Estados Unidos. Otros coautores de esos delitos han sido juzgados y condenados en la Argentina. CJA y sus aliados presentan este caso para garantizar que Bravo rinda cuentas de sus responsabilidades ante la justicia. 

La demanda fue presentada en una Corte de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Florida. Es un tribunal federal. 

Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger (Bonet) y Marcela Santucho son los familiares de cuatro de las víctimas de la Masacre de Trelew. En los años posteriores a la masacre, los y las demandantes y sus familias han buscado respuestas y justicia por las ejecuciones extrajudiciales, los intentos de ejecución extrajudicial y la tortura de sus seres queridos. 

En 1972, Roberto Guillermo Bravo era teniente de corbeta de la Marina Argentina, destacado en la Base Naval Almirante Zar cerca de Trelew, Argentina. Junto con otros oficiales, Bravo participó en el fusilamiento de 19 personas presas por motivos políticos, hombres y mujeres jóvenes, detenidos y detenidas en la base. Tres de ellas resultaron gravemente heridas, pero sobrevivieron. Poco después de la Masacre de Trelew, Bravo se trasladó a Estados Unidos como agregado militar de la Embajada Argentina. En 1987 se hizo ciudadano estadounidense, trabajó como vendedor, gerente y director ejecutivo de varias empresas, y posee varias propiedades. El gobierno argentino ha intentado dos veces extraditar a Bravo. Una en 2010 y nuevamente en 2019. La solicitud de extradición de 2019 se encuentra pendiente de resolución en un tribunal federal de los Estados Unidos. 

Sí, Bravo es ciudadano estadounidense y actualmente reside en la ciudad de North Miami, Florida, la jurisdicción federal donde se presentó la demanda. 

La demanda sostiene que Bravo estuvo involucrado en la ejecución extrajudicial, en el intento de ejecución extrajudicial y tortura de los presos políticos en 1972. 

El caso presenta demandas civiles con fundamento en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés). 

Este caso se presentó recientemente en una Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida en los Estados Unidos, y actualmente se espera la respuesta del demandado. 

Recién en 2005 se reabrió la causa penal en la Argentina para determinar las responsabilidades en la Masacre de Trelew. En 2008, Bravo y otros exoficiales militares fueron formalmente acusados y la Argentina solicitó la extradición de Bravo de Estados Unidos. En 2010, una corte federal en Estados Unidos se negó a certificar su extradición. Como resultado, Bravo nunca regresó a Argentina, aunque la fiscalía argentina sigue buscando su enjuiciamiento. Los otros tres individuos involucrados directamente en la masacre fueron procesados y condenados en 2012. Bravo sigue siendo el único oficial que escapó a  la justicia hasta ahora. Argentina ha renovado su solicitud de extradición en base a información adicional obtenida durante los juicios de los otros oficiales. 

La solicitud de extradición de 2010 fue denegada por un juez federal de los Estados Unidos, quien no encontró pruebas suficientes en la solicitud de extradición para definir una causa probable para la entrega de Bravo. El juez también aceptó el argumento de Bravo respecto a que sus delitos no podían ser enjuiciados ​​porque estaban sujetos a una ley de amnistía en la Argentina. 

En 2019, Bravo fue detenido en cumplimiento de la segunda solicitud de extradición del gobierno argentino. La actual solicitud surgió a partir de un proceso penal en contra de los otros oficiales que participaron en la Masacre de Trelew, y está respaldada con pruebas adicionales y conclusiones claras de los tribunales argentinos en las que se advierte que la amnistía no es aplicable a la Masacre de Trelew. Fue liberado bajo fianza después de pagar una garantía personal de 4 millones de dólares y una fianza de 1 millón de dólares. El caso ahora está pendiente de certificación en el Distrito Sur de Florida. 

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) es una organización legal de derechos humanos con sede en San Francisco dedicada a combatir la tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, a través de litigios innovadores y estrategias de justicia transicional. CJA trabaja junto con comunidades afectadas que buscan la verdad, la justicia y la reparación, y ha presentado con éxito casos en contra de individuos responsables de violaciones de ddhh, ​como el Ministro de Defensa del régimen de Siad Barre de Somalia, el oficial militar responsable del asesinato del activista y cantante chileno Víctor Jara, y el régimen sirio de Assad por el asesinato de la corresponsal de guerra Marie Colvin. Visite www.cja.org.