Roberto Guillermo Bravo served as a commissioned officer in the Argentine Navy from January 1964 to 1979. In 1972, he was stationed at Almirante Zar Naval Base in Trelew and held the rank of Ensign. On August 22, 1972, Bravo allegedly participated in the Trelew Massacre, where naval officers awoke 19 political prisoners in the middle of the night and shot them, killing 16 and severely injuring three.
Soon after the Trelew Massacre, Bravo, like other officers involved, was sent abroad. He became a military attaché at the Argentinean embassy in the United States in May 1973. After retiring from the Argentine military in 1979, he stayed in the United States and has lived in Florida, where he became a wealthy businessman.
On October 20, 2020, CJA filed a case pursuant to the Torture Victim Protection Act (TVPA) against Roberto Guillermo Bravo as part of the ongoing efforts by the family members of the victims and human rights advocates to seek accountability and justice for the victims of the Trelew Massacre and their families.
Versión en español
Roberto Guillermo Bravo se desempeñó como oficial comisionado en el ejército Argentino desde enero de 1964 hasta 1979. En 1972, estuvo desplegado en la Base Naval Almirante Zar de Trelew y ostentaba el grado de Teniente de Corbeta. El 22 de agosto de 1972, Bravo presuntamente participó en la Masacre de Trelew, donde oficiales navales despertaron a diecinueve presos políticos en medio de la noche y les dispararon, matando a dieciséis e hiriendo gravemente a tres.
Poco después de la masacre de Trelew, Bravo, al igual que otros oficiales involucrados, fue enviado al extranjero. En mayo de 1973, fue nombrado agregado militar de la embajada de Argentina en los Estados Unidos. Se retiró del ejército en 1979 y se quedó radicando en Florida, Estados Unidos, convirtiéndose en un acaudalado empresario.
El 20 de octubre de 2020, CJA presentó una demanda civil en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) contra Roberto Guillermo Bravo, como parte del esfuerzo de los familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos para buscar rendición de cuentas y justicia para las víctimas de la Masacre de Trelew y sus familias.
