On March 17, 1982, four Dutch journalists and their guides headed to guerrilla-controlled territory in Chalatenango, El Salvador to report on the devastating human toll of the country’s civil war. They were ambushed and killed by a Salvadoran military patrol before they could reach their destination.
The patrol’s killing of the Dutch Journalists took place against the backdrop of brutal human rights violations committed against civilians during the civil war that opposed the Salvadoran government and the Farabundo Martí National Liberation Front (“FMLN” for its name in Spanish) from 1980 to 1992. Over 75,000 civilians were killed during the civil war. The United Nations-appointed Truth Commission (“U.N. Truth Commission”)—which was established as part of the 1992 peace agreement between the Salvadoran government and the FMLN—concluded that 85 percent of these killings were carried out by Salvadoran military and state security forces (Salvadoran Security Forces) and their paramilitary allies. The U.N. Truth Commission also found that Salvadoran Security Forces engaged in the intimidation and targeting of journalists, both local and international, whose independent reporting they viewed as a threat. The Commission highlighted the killing of the Dutch Journalists as among the most emblematic crimes committed during the civil war.
The Dutch Journalists arrived in El Salvador on assignment from Interkerkelijke Omroep Nederland (“IKON”), a Dutch television and radio broadcaster. The team consisted of producer and editor Jan Kuiper, reporter Koos Koster, cameraman Johannes “Joop” Willemsen and sound technician Hans ter Laag. Kuiper and Koster had previously worked together in El Salvador, interviewing guerrilla members, documenting human rights abuses, and reporting on government-supported death squads.
On March 17, the journalists headed into guerrilla- controlled territory to document daily life of civilians under guerrilla control. While in San Salvador, they interviewed political prisoners and documented their living condition. They arrived at a designated meeting point in Chalatenango, off a small road. Together with their FMLN guides, they set off on foot down a hollow leading to a riverbed. As they walked with their film equipment, they were shot and killed by a Salvadoran military patrol. As alleged in the Complaint, the patrol was composed of soldiers stationed at the nearby El Paraíso military base and under the command of Col. Mario Adalberto Reyes Mena, then-commander of the Fourth Brigade of the Salvadoran Army. Each of the four journalists was killed during the ambush, as were all but one of their guides. Kuiper was shot twice in the head.
No individual has ever been held legally responsible for the killing of the Dutch journalists or their guides, despite tireless efforts by the journalists’ families and Salvadoran civil society organizations. In 1993, shortly after the end of the civil war and only five days after the U.N. Truth Commission Report became public, the Salvadoran government enacted a blanket amnesty law that protected perpetrators––both government actors, including Defendant, and guerrillas––from investigations and prosecutions for human rights abuses. That law stayed in place for 23 years, shielding human rights abusers such as the journalists’ killers from justice in El Salvador. The Salvadoran Supreme Court declared the amnesty law unconstitutional in 2016.
In 2022, a Salvadoran court indicted three former military officers, including Reyes Mena, for the killing of the Dutch journalists. The other two former officers, the former Minister of Defense, José Guillermo García, and the former head of the Treasury Police, Francisco Morán, reside in El Salvador and were arrested following the indictments. Reyes Mena, who now lives in the United States, has avoided arrest by ceasing all travel to El Salvador since the issuance of the 2022 indictment.
On February 15, 2022, Jan Kuiper’s brother, Gert, after decades of seeking justice in El Salvador, filed a case against Col. Mario Adalberto Reyes Mena for his role in Jan’s extrajudicial killing. Gert alleges that Reyes Mena led the military units responsible for killing his brother and the other Dutch journalists and was actively involved in the decision to kill them. The case was filed in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia under the Torture Victim Protection Act. Gert is represented by CJA and its co-counsel Jenner & Block.
You can read the complaint here.
This present case builds on CJA’s extensive work supporting accountability for crimes committed during El Salvador’s civil war and its long-standing interest in highlighting the use of state violence against journalists, including in Colvin v. Syria and Wickrematunge v. Rajapaksa.
El asesinato de los Periodistas Holandeses
Kuiper v. Reyes Mena
Periodistas se reúnen en torno al cuerpo de uno de los cuatro periodistas holandeses asesinados. Foto de Robert Nickelsberg
El 17 de marzo de 1982, cuatro periodistas holandeses y sus guías se dirigían hacia territorio controlado por la guerrilla en Chalatenango, El Salvador, para hacer un reportaje sobre el devastador coste humano de la guerra civil del país. Fueron emboscados y asesinados por una patrulla militar salvadoreña antes de que pudieran llegar a su destino.
El asesinato de los periodistas holandeses por parte de la patrulla se produjo en un contexto de brutales violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población civil durante la guerra civil que enfrentó al gobierno salvadoreño y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional («FMLN») entre 1980 y 1992. Durante la guerra civil murieron más de 75.000 civiles. La Comisión de la Verdad nombrada por las Naciones Unidas («Comisión de la Verdad de la ONU»), que se estableció como parte del acuerdo de paz de 1992 entre el gobierno salvadoreño y el FMLN, concluyó que el 85 por ciento de estos asesinatos fueron llevados a cabo por militares salvadoreños y fuerzas de seguridad del Estado (Fuerzas de Seguridad Salvadoreñas) y sus aliados paramilitares. La Comisión de la Verdad de la ONU también descubrió que las fuerzas de seguridad salvadoreñas intimidaron y atacaron a periodistas, tanto locales como internacionales, cuya labor informativa independiente consideraban una amenaza. La Comisión destacó el asesinato de los periodistas holandeses como uno de los crímenes más emblemáticos cometidos durante la guerra civil.
Los medios de comunicación afines a las Fuerzas de Seguridad salvadoreñas tildaron a los periodistas holandeses de pro-guerrilleros y de amenaza para la seguridad nacional
Los periodistas neerlandeses llegaron a El Salvador por encargo de Interkerkelijke Omroep Nederland («IKON»), una emisora de radio y televisión neerlandesa. El equipo estaba formado por el productor y editor Jan Kuiper, el reportero Koos Koster, el camarógrafo Johannes «Joop» Willemsen y el técnico de sonido Hans ter Laag. Kuiper y Koster ya habían trabajado juntos en El Salvador, entrevistando a miembros de la guerrilla, documentando violaciones de los derechos humanos e informando sobre los escuadrones de la muerte apoyados por el gobierno.
El 17 de marzo, los periodistas se dirigieron a territorio controlado por la guerrilla para documentar la vida cotidiana de los civiles bajo su control. Durante su estancia en San Salvador, entrevistaron a presos políticos y documentaron sus condiciones de vida. Llegaron a un punto de encuentro designado en Chalatenango, a la salida de una pequeña carretera. Junto con sus guías del FMLN, partieron a pie por una hondonada que conducía al cauce de un río. Mientras caminaban con su equipo de filmación, una patrulla militar salvadoreña les disparó y los mató. Según se alega en la demanda civil, la patrulla estaba compuesta por soldados destacados en la cercana base militar de El Paraíso y bajo el mando del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército salvadoreño. Los cuatro periodistas murieron en la emboscada, al igual que sus guías. Kuiper recibió dos disparos en la cabeza.
A pesar de los incansables esfuerzos de las familias de los periodistas y de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, aún no se ha responsabilizado legalmente a nadie del asesinato de los periodistas holandeses ni de sus guías. En 1993, poco después del final de la guerra civil y sólo cinco días después de que se hiciera público el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, el gobierno salvadoreño promulgó una ley de amnistía general que protegía a los responsables de abusos contra los derechos humanos -tanto a los agentes del gobierno, incluido el demandado, como a los guerrilleros- de investigaciones y procesamientos. Esa ley estuvo en vigor durante 23 años, protegiendo a los autores de abusos contra los derechos humanos, como los asesinos de los periodistas, de la justicia en El Salvador. La Corte Suprema salvadoreña declaró inconstitucional la ley de amnistía en 2016.
En 2022, un tribunal salvadoreño procesó a tres exmilitares, entre ellos Reyes Mena, por el asesinato de los periodistas holandeses. Los otros dos exoficiales, el ex ministro de Defensa, José Guillermo García, y el ex jefe de la Policía de Hacienda, Francisco Morán, residen en El Salvador y fueron detenidos tras las acusaciones. Reyes Mena, que reside actualmente en Estados Unidos, ha evitado su detención al dejar de viajar a El Salvador desde que se dictó el auto de procesamiento de 2022.
Jan Kuiper
El 15 de febrero de 2022, Gert, hermano de Jan Kuiper, tras décadas buscando justicia en El Salvador, presentó una demanda contra el coronel Mario Adalberto Reyes Mena por su papel en la ejecución extrajudicial de Jan. Gert alega que Reyes Mena dirigió las unidades militares responsables del asesinato de su hermano y de los otros periodistas holandeses y participó activamente en la decisión de matarlos. El caso se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Gert está representado por CJA y sus co-abogados del bufete Jenner & Block.
Este caso se basa en el extenso trabajo de CJA apoyando la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra civil de El Salvador y su interés de larga data en poner de relieve el uso de la violencia estatal contra los periodistas, incluyendo en Colvin v. Siria y Wickrematunge v. Rajapaksa.
