La Audiencia Nacional de España (ANE) está ubicada en Madrid y tiene jurisdicción sobre toda la nación. Está compuesta de un presidente que supervisa la corte completa, presidentes de cada división de la ANE, y los jueces asignados a las divisiones. El presidente de la ANE es elegido siempre de entre los presidentes de las cámaras de la Corte Suprema de España.
Localizada en un edificio de alta seguridad en el centro de Madrid, La ANE tiene jurisdicción sobre (1) casos relacionados con más de una provincia; (2) casos serios de tráfico de drogas y dinero; y, (3) casos de crímenes serios cometidos fuera del país cuando, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, las cortes españolas tienen jurisdicción para procesarlos. Una Ley Orgánica reciente – el tipo más importante de ley designada a proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos españoles – también otorga jurisdicción a la ANE sobre la ejecución de órdenes de arresto europeas y peticiones de extradición.
Casos Criminales en España
A diferencia de los Estados Unidos, en donde los cargos criminales han de ser presentados por un fiscal del estado o federal, la ley española permite a ciudadanos particulares perseguir acciones criminales interponiendo querellas criminales. Si la víctima presenta una querella directamente a un juez instructor (o investigador), la víctima se convierte en parte del caso durante las fases de investigación y juicio. Esto es lo que se conoce como acusación particular.
La ley española también permite a personas no relacionadas directamente con el crimen a tomar parte en el caso. Grupos importantes de interés público a menudo se unen a estas querellas como acusadores populares.
ANE Division Criminal
La división criminal esta compuesta de seis cámaras. Un juez de instrucción preside cada una de estas cámaras. Por ejemplo, el reconocido Juez Baltasar Garzón ha sido durante muchos años el juez que a cargo de presidir la Cámara No. 5. Después de aceptar el caso, el juez investigador lleva a cabo la investigación que puede tomar de 30 días a varios años.
Una vez concluida la fase de instrucción, el juez instructor cierra el caso y lo transfiere a un tribunal con un panel de tres jueces, que presiden el juicio o fase oral. Bajo la ley criminal de España, ningún demandado puede ser juzgado in absentia (ausente).
Crimenes Internacionales Procesados en España
En 1985 España puso en vigor una Ley Orgánica que define la jurisdicción de las cortes españolas en casos criminales. La ley otorga a las cortes españolas jurisdicción en varios casos, tales como cuando el acto criminal tuvo lugar en territorio español o cuando el perpetrador del crimen es de nacionalidad española.
Adicionalmente, la nueva ley le da a las cortes españolas jurisdicción sobre casos relacionados con un tipo particular de crímenes internacionales – aquellos de relevante preocupación internacional – a pesar de la nacionalidad del perpetrador o donde se cometiera el crimen. Esta sección de la ley incorpora el principio de "justicia universal" – el principio de que ciertos crímenes son tan atroces que son ofensas contra el mundo y por este motivo pueden ser procesados en las cortes nacionales de cualquier país. Algunos de estos crímenes fueron enumerados en la ley, incluyendo genocidio, terrorismo y piratería. Una cláusula residual también otorga jurisdicción para "cualquier otro [acto criminal] el, de acuerdo a convenios o tratados internacionales, debieran ser procesados en España." Se ha argumentado que esta cláusula residual incorpora las ofensas de tortura y crímenes de lesa humanidad.
El principio de justicia universal no es particular de España. Tratados internacionales, incluidas la Convención de Ginebra y la Convención Contra la Tortura, permiten y, en algunos casos, requiere que naciones procesen a perpetradores de atroces abusos de derechos humanos incluso si estas naciones no tienen conexión con los crímenes.
Bajo la nueva ley española, en 1996 jueces de instrucción de la ANE comenzaron a investigar casos que resultaron de abusos de derechos humanos en Chile y Argentina. Los casos argentinos involucraron la investigación de aproximadamente 100 sospechosos. Los casos chilenos se enfocaron en el dictador Augusto Pinochet y sus subordinados. El caso contra Pinochet en España, lanzó el concepto moderno de justicia universal.
