Chavez et al. v. Carranza
413 F. Supp. 2d 891 (W.D. Tenn. 2005) (6th Cir. 2009)
EN BREVE | ANTECEDENTES | PROCEDIMIENTO LEGAL
EN BREVE
El 18 de Noviembre, 2005, un jurado de Memphis mantuvo a Coronel Nicolas Carranza, el antiguo viceministro de Defensa para El Salvador, responsable por crímenes de lesa humanidad, tortura y matanzas extrajudiciales. Carranza fue ordenado a pagar $6 millones en daños. Este veredicto supone la primera vez que un jurado de Estados Unidos encuentra culpable a un comandante por crímenes de lesa humanidad.
Carranza apelo el veredicto a el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito. El 17 de Marzo, 2009 el Tribunal mantuvo el veredicto del jurado. CJA continua con sus esfuerzos de cobrar la sentencia contra Carranza.
ANTECEDENTES
El año 1980 en El Salvador fue marcado por una proliferación de abusos de derechos humanos. Las Fuerzas de Seguridad—trabajando como o con no-uniformados escuadras de muerte—llevaron a cabo desapariciones forzosas, violencia sexual, tortura y asesinatos contra civiles. Expertos estiman que 10,000 a 12,000 civiles sin armas fueron matados en 1980. El Coronel Nicolás Carranza, un ciudadano estadounidense naturalizado viviendo en Memphis, era viceministro de Defensa en El Salvador desde fines de 1979 a principios de 1981. En esa posición, ejerció mando y control sobre tres unidades de las Fuerzas de Seguridad—la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de la Tesorería—que eran responsables por los ataques amplios contra civiles. A pesar de haber sido removido de su posición como viceministro a causa de presión de los EEUU sobre su record de derechos humanos, el Coronel Carranza regreso en 1983 como jefe de la brutal Policía de la Tesorería. Después de haber sido forzado fuera de la Policía de la Tesorería, Carranza inmigro a los Estados Unidos en 1985. Se convirtió en un ciudadano estadounidense en 1991. En 1984, el New York Times reporto que el Coronel Carranza había sido un informante pagado por la CIA.
El caso contra Coronel Carranza fue interpuesta por cinco clientes de gran coraje—sobrevivientes de abusos cometidos bajo el tiempo de Carranza:
Erlinda Franco es la viuda de Manuel Franco, uno de los seis lideres de oposición pro-democráticos del Frente Democrático Revolucionario (FDR) quienes fueron secuestrados de una escuela Jesuita en San Salvador el 27 de Noviembre, 1980 por miembros de las Fuerzas de Seguridad. Los encontraron asesinados, y sus cuerpos enseñaban señales obvias de tortura. Los asesinatos estaban entre los mas espantosos y horribles incidentes llevados a cabo por las Fuerzas de Seguridad durante 1980, y dio camino directo al comienzo de la guerra civil. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador encontró que los asesinatos de FDR “indigno a la opinión publica nacional e internacional y cerro la puerta a cualquier posibilidad de una solución negociable a la crisis política a fines de 1980”
Ana Patricia Chávez es la hija de Humberto y Guillermina Chávez, quienes eran miembros del sindicato de maestros ANDES 21 de Junio. Fueron asesinados en sangre fría por hombres armados no uniformados en Julio de 1980 en la casa de la familia en Ahuachapan, El Salvador. Ana Patricia fue obligada a mirar como golpeaban a su mamá y a escuchar los disparos que le quitaron la vida. Ana Patricia ahora vive en California.
Francisco Calderon era un trabajador en una fabrica de cigarrillos en Septiembre 1980 cuando, por la noche, miembros uniformados de la Policía Nacional tocaron a su puerta. En cuanto estaba abriendo la puerta, hombres armados no uniformados lo agarraron y lo forzaron al suelo. El padre de Francisco, Paco Calderon, un director de escuela y miembro de ANDES 21 de Junio, vino a la puerta y le dijo a los hombres que dejaran libre a su hijo. Los hombres trataron de llevarse cargado a Paco Calderon, y cuando no pudieron, le dispararon directamente enfrente de su hijo. Francisco ahora vive en California.
Cecilia Santos era una estudiante en la Universidad Nacional y empleada del Ministerio de Educación Salvadoreño cuando fue arrestada en un centro comercial en San Salvador en Septiembre de 1980. Cecilia fue detenida en la oficina central de la Policía Nacional por ocho días y fue torturada repetidamente. Nunca fue dada la representación legal adecuada o una vista justa, y permaneció en prisión por tres años. Huyo a los EEUU en 1983 después de haber sida liberada bajo la amnistía general. Cecilia ahora vive en Nueva York, donde es la directora del Centro Salvadoreño, una organización que fomenta el progreso socioeconómico y cultural entre las comunidades inmigrantes Latinas.
Daniel Alvarado era un estudiante de ingeniería en San Salvador en 1983. Fue secuestrado por cinco hombres vestidos en ropa de civiles mientras miraba un partido de fútbol en la casa de un amigo. Fue llevado a las oficinas principales de la Policía de la Tesorería, donde fue severamente torturado. A fin de parar la tortura, Daniel confeso a haber estado involucrado en el asesinato del agregado militar norteamericano Teniente Comandante Albert Schaufelberger. Después de un examen de polígrafo, oficiales estadounidenses correctamente concluyeron que Daniel no era responsable en cualquier forma del asesinato y que solo había admitido a la matanza como forma de parar la tortura.
PROCEDIMIENTO LEGAL
Querella
El 10 de Diciembre, 2003, el caso Chávez v. Carranza fue interpuesta de manera conjunta por CJA y el bufete de abogados de Tennessee de Bass, Berry & Sims. La querella fue enmendada en Febrero 2004 para añadir los reclamos de Daniel Alvarado. Traída bajo la ATS y TVPA, la demanda carga a Carranza con responsabilidad por tortura, matanzas extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad bajo la doctrina de responsabilidad de mando.
La moción inicial para desestimar del acusado Carranza fue negada por el Juez Jon McCalla del Juzgado de Distrito de los Estados Unidos para el Juzgado de Distrito del Oeste de Tennessee el 30 de Septiembre, 2004.
Juicio & Veredicto
Cinco demandantes valientes fueron al juzgado federal en Memphis en Octubre 2005. Después de dos semanas de testimonio, el jurado encontró a Carranza responsable por supervisar la tortura de los demandantes y las matanzas de los miembros de sus familias y fueron adjudicados un total de $6 millones en daños.
El juicio fue marcado por varias revelaciones importantes. El ex embajador de los EEUU en El Salvador Robert White declaró que el Coronel Carranza fue un informante a sueldo de la CIA mientras se desempeñaba como viceministro de Defensa y un miembro del Alto Mando militar en 1980. En aquel momento White pidió al jefe de sección de la CIA en El Salvador que sacara a Carranza de la CIA dada su deplorable reputación en materia de derechos humanos, sin embargo esta petición nunca fue atendida. Carranza admitió en el estrado que estuvo recibiendo dinero del gobierno norteamericano desde 1965.
Embajador White también testifico sobre los papeles de los acusados Carranza y General Jose Garcia, un acusado en otro caso de CJA Romagoza Arce v. Garcia. El embajador White describió a Coronel Carranza como el “comandante operacional” del militar y fuerzas de seguridad salvadoreña, mientras Gen. Garcia servia como “el hombre de relaciones publicas.” Él observo que los dos eran “inseparables.”
Apelación
Carranza apelo el veredicto al Tribunal de Apelación del Sexto Circuito. Después de varios retrasos de parte del acusado, la sesión informática para la apelación finalmente fue completada el 25 de Junio, 2008. Luego, el 28 de Marzo, 2008, el Gobierno de El Salvador presento un escrito amicus en apoyo al argumento del acusado que el juzgamiento debería ser anulado porque él tiene derecho a la amnistía bajo la Ley de Amnistía de El Salvador de 1993. Esto era un acontecimiento fuera de lo corriente, marcando la primera vez que un gobierno extranjero intervino a este nivel departe de un acusado, en uno de los casos de CJA.
En respuesta, una grande coalición de expertos de ley internacional presentaron un escrito amicus sosteniendo que la Ley de Amnistía de 1993 bajo ley salvadoreña es ilegal bajo la ley constitucional e internacional.
Argumentos orales ocurrieron el 28 de Octubre, 2008. El gobierno de El Salvador sostuvo que el respaldo del gobierno estadounidense de los Acuerdos de Paz de 1992 debería ser interpretado como reconocimiento del impacto extraterritorial de la Ley de Amnistía salvadoreña. Sin embargo, un Juzgado escéptico señalo que los Acuerdos de Paz de 1992 respaldados por los EEUU no mencionaron la amnistía: la Ley de Amnistía salvadoreña no fue adoptada hasta 1993.
“Me parece que tenemos esta ironía del país de El Salvador viniendo al Juzgado Federal de los EEUU, representando cual es la posición del Departamento del Estado respecto a los efectos extraterritoriales de la Ley de Amnistía salvadoreña, cuando la política oficial del Gobierno de los Estados Unidos es absolutamente silenciosa en esto. No esta aquí.” –Tribunal del 6to Circuito. (vía grabación)
Resolución de Apelación
El 17 de Marzo, 2009, el Tribunal de Apelación del 6to Circuito afirmo el veredicto por el jurado en 2005. En esta decisión, el 6to Circuito rechazo el argumento de Carranza que los juzgados estadounidenses deberían deferirse a la ley de amnistía salvadoreña que probablemente lo inmunizaría de demandas en juzgados salvadoreños. La corte mantuvo que “como ciudadano y residente de los Estados Unidos,” Carranza es “sujeto a responsabilidad civil por sus violaciones” de las leyes de derechos humanos de los Estados Unidos. La corte también rechazo los argumentos de Carranza que la demanda no había sido presentada a tiempo, y también sus retos a varias decisiones evidénciales por el juzgado del caso.
CJA y co-representante ad honorem Bass, Berry & Sims, continúan a conseguir la colección de la decisión contra Carranza. Al día, hemos satisfactoriamente embargado una de las cuentas bancarias de Carranza.
