EN BREVE | ANTECEDENTES | PROCEDIMIENTO LEGAL
Baje una copia del resumen de la querella.
EN BREVE
En 2008, CJA interpuso una querella criminal en Madrid contra el antiguo Presidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard y 14 antiguos oficiales militares por su papel en la muerte de seis padres Jesuitas, la ama de llaves y su hija de 16 años en 1989.
El 13 de Enero, 2009, la Audiencia Nacional formalmente imputo a 14 ex-oficiales salvadoreños con crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado. Adicionalmente, el Jurado reservo el derecho de acusar al antiguo Presidente salvadoreño Cristiani, si mas evidencia de su papel en el crimen se da a luz en el curso de la investigación. El 13 de Mayo, 2009, CJA presento la primera ronda de declaraciones de testigos en Madrid.
ANTECEDENTES
En la mañana del 16 de Noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias que seis Jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta habían sido brutalmente asesinados. El ejercito salvadoreño llevo a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El ejercito buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpo al FMLN pintando la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno. Como esta resumido en el reporte de la Comisión de Verdad, en la noche del 15 de Noviembre, 1989, el Coronel Ponce, en la presencia del General Juan Rafael Bustillo, Coronel Juan Orlando Zepeda, Coronel Inocente Orlando Montano y Coronel Francisco Elena Fuentes, ordeno al Coronel Guillermo Alfredo Benavides que matara al Padre Jesuita Ellacuría y que no dejara testigos. Esa misma noche, Benavides le ordeno a Espinoza Guerra que llevara acabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar testigos.
Espinoza Guerra y su sección llegaron a la Universidad de Centro América en San Salvador y en la madrugada del 16 de Noviembre, 1989 y se abrieron paso a traves del Centro Pastoral. Cuando los sacerdotes salieron para averiguar cual era todo el alboroto, fueron ordenados a salir al jardín y acostarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados revisaban el edificio. A este punto, el Teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes. Al final, seis sacerdotes, la ama de llaves y su hija fueron brutalmente asesinados.
El Teniente Espinoza Guerra y sus tropas intentaron cubrir su papel en la masacre tratando de hacer parecer que los asesinatos fueron cometidos por miembros del FMLN. Hicieron esto por pintar la consigna del FMLN en las paredes y usando un rifle asociado con matanzas del FMLN.
En respuesta a una petición presentada por Human Rights Watch en 1999, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (IACHR) encontró que El Salvador había violado los derechos a la vida, garantías judiciales y persecución efectiva de las victimas. La IACHR recomendó que El Salvador condujera una investigación completa, imparcial y efectiva en acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos los grupos responsables. La Comisión también hizo el llamado a El Salvador para indemnizar los grupos afectados y ajustar sus leyes internas para cumplir con el Convenio Americano de Derechos Humanos, que incluyera la revocación de la Ley de Amnistía.
El Salvador todavía no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con estas recomendaciones. La Ley de Amnistía todavía esta en efecto, y ninguno de los responsables han sido traídos a justicia. En vez, muchos de ellos ocupan importantes posiciones políticas en el país. Todo esto ha ocurrido aunque la Masacre de los Jesuitas es, junto con el asesinato del Arzobispo Romero y las de las mojas y mujer laica estadounidenses, uno de los casos mas emblemáticos de impunidad de la guerra civil en El Salvador. Es nuestra esperanza, que a través de esta litigación, podamos ayudar a los parientes de las victimas y a las victimas salvadoreñas encontrar la justicia que se les ha negado durante los últimos 19 años.
PROCEDIMIENTO LEGAL ANTE LA AUDENCIA NACIONAL
Querella
El 13 de noviembre de 2008, CJA interpuso una querella criminal en Madrid ante la Audiencia Nacional contra el antiguo Presidente de El Salvador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Cristiani Burkard, y otros 14 antiguos oficiales y soldados del ejército salvadoreño por su participación en la “masacre de los Jesuitas” el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador “José Simeón Cañas” (UCA).
La querella se interpuso al amparo del principio de jurisdicción universal conjuntamente con nuestros colegas en Madrid de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y ambas organizaciones actúan como acusadores populares. Distinto a la ley de EEUU, donde los cargos criminales son iniciados por el gobierno, la ley española le permite a ciudadanos y organizaciones no-gubernamentales iniciar acciones criminales por presentar querellas criminales como acusadores populares.
La querella imputa a los querellados crímenes de lesa humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado.
La Audiencia Nacional Presenta Cargos Formales
El 13 de enero de 2009, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española emitió Auto admitiendo a trámite la querella presentada e imputó crímenes contra la humanidad y terrorismo a catorce antiguos oficiales, incluidos el General Emilio Ponce, Jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y el General Rafael Humberto Larios, antiguo Ministro de Defensa, por su participación en la masacre.
Adicionalmente, el jurado se reservo el derecho, durante el curso de la investigación, de acusar al antiguo Presidente salvadoreño y Comandante de las Fuerzas Armadas Alfredo Cristiani por su participación en el cubrimiento del crimen.
Empieza el Testimonio
El 13 de Mayo, 2009, CJA y APDHE presentaron la primera ronda de declaraciones de testigos en Madrid. Los siguientes testigos hicieron declaraciones: José Luis Ruiz Navarro, Abogado Especial del Senado que viajo a El Salvador en 1989 como miembro de la primera Comisión Parlamentaria Española y elaboro en el primer reporte del crimen; Enrique Arnaldo Alcubilla, Abogado Especial del Senado que lidero la segunda Comisión Parlamentaria Española en El Salvador en 1991 que reporto sobre el juicio de 1990 en El Salvador y sus irregularidades; y Fernando Álvarez de Miranda, Embajador de España en El Salvador.
