EN BREVE | ANTECEDENTES | HISTORIA DEL CASO

EN BREVE


CJA representa a dos mujeres, Teofila Ochoa y Cirila Pulido, en un juicio civil contra dos oficiales del ejército peruano responsables del asesinato de sus familiares durante la notoria Masacre de Accomarca el 14 agosto, 1985.

Ambas mujeres interpusieron estos casos buscando justicia en nombre de todos los miembros de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca quienes perdieron a sus seres queridos en la masacre. Los demandados Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón eran comandantes de las unidades de patrulla que masacraron a 69 mujeres, niños y ancianos en el pueblo peruano de Accomarca en los altos del sur de los Andes región de Ayacucho el 14 agosto, 1985.

Uno de los dos casos, Ochoa v. Hurtado Hurtado fue interpuesto el 11 julio, 2007 ante la Corte Federal de Estados Unidos Corte del Distrito Sur de Florida. Esta demanda acusa a Telmo Hurtado Hurtado, un antiguo Subteniente del ejército peruano, de responsabilidad directa por las graves violaciones de derechos humanos así como también responsable indirecto bajo la doctrina de responsabilidad de mando por abusos cometidos por sus subordinados.  
El 21 noviembre, 2007 la corte aceptó ver el juicio en rebeldía por tortura, asesinato extrajudicial, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En febrero, 2008 tuvo lugar el juicio para evaluar los daños compensatorios y punitivos. El 4 marzo, 2008 un juez federal de Miami ordenó a Hurtado a pagar $37 millones en daños a los demandantes y a los sucesores de los familiares asesinados. El veredicto en este caso representa la primera vez que alguien ha sido encontrado responsable por las atrocidades cometidas en conexión con la Masacre de Accomarca.

Hurtado se encuentra actualmente encarcelado en un centro de detención de ICE y se enfrenta a ser deportado inminentemente a Perú, donde se enfrentará a cargos por sus crímenes contra la humanidad.

Lea aquí nuestra nota de prensa.

ANTECEDENTES


De 1980 a 2000, el gobierno de Perú estuvo en guerra civil contra grupos insurgentes, incluido Sendero Luminoso de inspiración Maoísta.  Durante el largo conflicto, tanto el ejército peruano como los grupos rebeldes cometieron numerosos abusos de derechos humanos, tortura y masacres de miles de civiles desarmados.

En octubre 1982, el gobierno declaró el estado de emergencia en cinco distritos del altiplano andinos de Ayacucho. Dentro de esta “Zona de Emergencia” las protecciones constitucionales fueron suspendidas. Más tarde, en diciembre 1982 el gobierno desplegó fuerzas del ejército en Ayacucho.   

Según la violencia escalaba en Ayacucho, muchos civiles inocentes se encontraban atrapados entra la brutalidad de Sendero Luminoso y el Ejercito. Diferencias étnicas y culturales entre soldados peruanos y los pueblos indígenas, residentes del altiplano andino cuya lengua es el quechua, jugaron un papel significativo en los abusos que las comunidades indígenas sufrieron a manos de las fuerzas gubernamentales. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, 26.259 personas murieron o desaparecieron en el departamento de Ayacucho solo durante la guerra civil.

Al comienzo de 1983, el ejército se enfocó en Accomarca distrito de Ayacucho, afirmando que Sendero Luminoso había ganado apoyo en el área. En septiembre 1983, el ejército atacó las casas de once personas en la ciudad de Accomarca, la capital del distrito, y los ejecutó bajo la sospecha de ser partidarios de Sendero Luminoso.  

La Masacre de Accomarca

En agosto 1985, el Jefe del Ejercito y el Comando Político-Militar para la “zona de emergencia” ordenó a uno de sus oficiales que concibiera un plan de operaciones para “capturar y/o destruir elementos terroristas” en el área de Accomarca conocida como la Quebrada de Huancayoc. Se convocó una reunión para discutir el plan a la que atendieron, entre otros, el Subteniente Telmo Hurtado Hurtado, el Teniente Rivera Rondón y el comandante de la Compañía Lince, el Mayor José Daniel Williams Zapata.

En esta reunión se trazaron los planes de la operación. Dos unidades de la Compañía Lince serian empleadas. Williams Zapata eligió la unidad de patrulla Lince 6, comandada por Rivera Rondón, y la unidad Lince 7, comandada por Hurtado, para llevar a cabo la operación.  Los asistentes fueron informados que cualquier habitante del pueblo que apareciera en Quebrada Huancayoc debía ser considerado un terrorista comunista.

El 14 agosto, 1985, Lince 6 y Lince 7 entraron en la Quebrada Huancayoc. Con las tropas de Rivera Rondón bloqueando una ruta de escape cercana, Hurtado y sus soldados fueron casa por casa sacando a los aldeanos por la fuerza de sus hogares.

Los aldeanos fueron golpeados con las culatas de las armas y pateados con los talones de las botas de los soldados. Fueron alineados de a uno y metidos en casas de muerte, donde Hurtado y sus soldados repetidamente dispararon a los familiares de nuestros clientes, y más tarde los quemaron vivos entre gritos desesperados de misericordia. Todos estos acontecimientos fueron vistos y escuchados personalmente por dos niñas de 12 años, Teofila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón, y de esta manera las dos demandantes fueron torturadas por Hurtado. Como resultado, aproximadamente 69 civiles desarmados fueron asesinados por el ejercito durante la operación.

La Masacre de Accormarca

Tras la masacre, Hurtado y Rivera Rondón presentaron reportes escritos sobre la operación. En sus reportes, ni Hurtado ni Rivera Rondón hicieron mención de la interacción con la población civil en Quebrada Huancayoc o el hecho de que las tropas habían asesinado a docenas de personas.  

Años más tarde, en 1993, Hurtado fue condenado por un consejo militar de abusos de autoridad y haber hecho declaraciones falsas. Aunque estos cargos estaban relacionados con la Masacre de Accomarca, Hurtado nunca fue procesado por los abusos actuales que ocurrieron. Lo que es más, a pesar de la convicción, la sentencia que recibió Hurtado de seis años no se hizo cumplir. En 1995, el antiguo Presidente Alberto Fujimori pasó una ley de amnistía la cual protegía de todo enjuiciamiento al personal militar que había estado involucrado en contrainsurgencia.

La impunidad para Hurtado terminó en 2002, cuando la Corte Suprema de Perú anuló la ley de amnistía que le protegía de ser enjuiciado. Poco después, Hurtado huyó de Perú a los Estados Unidos en 2002, donde encontró puerto seguro en Miami Beach.

Procedimientos migratorios de EEUU contra Hurtado

Gracias en parte a los esfuerzos de CJA y nuestras valientes clientes, una investigación de ICE las autoridades de Inmigración y Aduanas reveló que Hurtado en su aplicación de visado de 2002 había afirmado falsamente nunca haber sido arrestado o sentenciado por un crimen. Como resultado Hurtado fue acusado de dos cargos criminales por mentir a las autoridades de Inmigración en marzo 2007. Hurtado se declaró culpable y fue sentenciado a seis meses en prisión el 29 junio 2009. Permanece en custodia de ICE pendiente de ser deportado de vuelta a Perú, que pidió su extradición a los Estados Unidos en 2007. CJA está dedicado a trabajar con funcionarios del gobierno peruano y otras ONGs para procesarle por cargos criminales en Perú.    

HISTORIA DEL CASO


Demanda

El 11 julio, 2007, CJA y el abogado pro-bono Morgan Lewis de la firma Bockius LLP interpusieron una demanda ante la Corte Federal de Estados Unidos Corte del Distrito Sur de Florida en nombre de dos mujeres peruanas, Teofila Ochoa y Cirila Pulido Baldeón, contra Hurtado por su papel en la Masacre de Accomarca.

La demanda alega quejas, bajo la Ley de Demandas Civiles para Extranjeros (Alien Tort Act) y la Ley de Protección de Victimas de Tortura (Torture Victims Protection Act), por el asesinato extrajudicial de los familiares de las dos mujeres y por la tortura que ellas personalmente sufrieron temiendo por sus propias vidas. La demanda también incluye alegaciones por crímenes de guerra, por que los asesinatos y las torturas ocurrieron en el contexto de la guerra civil, y crimines contra la humanidad, por que la masacre fue parte de un ataque extenso y sistemático del gobierno contra la población civil de Perú.

Las demandantes afirman que Hurtado es directamente responsable por estos crímenes, y que el es también responsable bajo la internacionalmente reconocida doctrina de responsabilidad de mando.

Sentencia en rebeldia

Después que el demandado Hurtado falló de responder a la citación y demanda, las demandantes interpusieron una moción para recibir una sentencia en rebeldía. El 21 noviembre, 2007. el Juez del la Corte de Distrito Adalberto Jordan aceptó la moción y fijo la fecha del juicio para determinar los daños. 

Juicio por daños

El juicio tuvo lugar en febrero, 2008 en Miami. Durante el juicio, el testimonio del cliente de CJA Ochoa Lizarbe fue interrumpido por la presencia de policías quienes hicieron entrar a la sala a Hurtado vestido con el uniforme de prisión y grilletes según nuestra citación buscando su testimonio. Hurtado se negó a participar en la vista. También testificaron el antiguo Senador peruano Javier Diez Canseco y Eduardo González del Centro Internacional para la Justicia Transicional.  

Sentencia final

El 4 marzo, 2008, el Juez Jordan ordenó a Hurtado a pagar $12 millones de dólares en daños compensatorios y $25 millones en daños punitivos a nuestros clientes y los sucesores de los miembros de su familia.