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ACTUALMENTE
CJA es el representante principal en el Caso de Genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional de España (AN). La Fundación Rigoberta Menchú Tum y otros presentaron la querella original en 1999, acusando a el antiguo jefe de estado General Efraín Ríos Montt y otros oficiales guatemaltecos de alto mando con terrorismo, genocidio, y tortura sistemática.
En 2006, el Juez Pedraz de la AN emitió una orden de arresto para los ocho acusados. Al principio, la Corte Constitucional de Guatemala (CCG) acepto las ordenes de arresto y autorizo los procedimientos de extradición. Sin embargo, la CCG se marcho atrás en 2007 y declaró que las ordenes de arresto y solicitudes de extradición eran invalidas, impidiendo a Pedraz de entrevistar a testigos en Guatemala.
En respuesta, Pedraz invito a testigos para venir a España. En 2008, CJA y otros equipos legales trajeron a mas de 40 indígenas guatemaltecos a Madrid para testificar en tres grupos separados, marcando la primera vez que una corte nacional oyera evidencia de sobrevivientes Mayas sobre uno de los genocidios mas grandes del ultimo siglo.
ANTECEDENTES
El Caso de Genocidio en Guatemala surge de un periodo en la larga guerra civil de este país donde violencia contra no-combatiente, indígenas Maya llego al nivel de genocidio.
Más de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1996 en el conflicto interno. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico(CEH) de las Naciones Unidas, el ejército guatemalteco y paramilitares indistintamente perseguían a comunidades indígenas, lideres sindicales, estudiantes, personas religiosas y otros civiles bajo la teoría que formaban un ‘enemigo interno’ subversivo.
El peor periodo de violencia fue entre 1982-1983, cuando fuerzas contra-insurgentes promovieron una campaña de represión sistemática de genocidio contra la gente Maya. Tomando de una histórica antipatía de la gente indígena de Guatemala, el Estado justifico la exterminación de aproximadamente 440 comunidades Mayas diciendo que eran parte de un complot comunista contra el gobierno.
Fuerzas gubernamentales implementaron una serie de tácticas estándar. Trabajando metodológicamente a través de las tierras altas centrales, el ejército y sus equipos paramilitares—incluyendo “patrullas civiles” de recluta forzosa de hombres locales—atacaron mas de 600 pueblos Mayas. Concentrándose en el Departamento del Quiché, las fuerzas armadas acordonaban el pueblo, acorralaban a los habitantes, separaban a los hombres de las mujeres y después los mataban en secuencia. Aquellos que escaparon serian perseguidos desde el aire por helicópteros. Tortura extrema, mutilación y violencia sexual se convirtió en una cosa común, y también la violencia contra los niños
Este periodo de dos años se conoció como el “Holocausto Silencioso.” En las palabras del informe de la CEH de 1999:
La percepción del ejército hacia las comunidades Mayas como aliados naturales de las guerrillas contribuyeron al aumento de violaciones de los derechos humanos perpetuados contra ellos, demostrando un racismo agresivo componente de extrema crueldad que dio a cabo la exterminación en mases de indefensas comunidades Mayas, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, a través de métodos tan crueles que han indignado la conciencia moral del mundo civilizado.
HISTORIA DEL CASO: 1999-2005
En 1999, Laurea Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum y otros interpusieron la original querella criminal, acusando al ex-presidente Efraín Ríos Montt y siete otros oficiales guatemaltecos de alto mando. Haga clic aquí para una lista completa de los acusados.
Del 2000 al 2005, los grupos estuvieron en batallas legales sobre la jurisdicción y los derechos de ciudadanos no-Españoles de traer querellas en España.
Haga clic aquí para un resumen de las actividades del caso de 1999-2005
HISTORIA DEL CASO: 2005-2009
Apelacion ante la Audencia Nacional de España y el Tribunal Constitucional
En una importante decisión, el 26 de Septiembre, 2005, el Tribunal Constitucional revocó la decisión por una corte menor que descarto el caso y mantuvo que era la intención de los legisladores convertir España en un país que observa los principio de justicia universal para ciertos crímenes atroces. La decisión estipuló que Cortes Españolas tendrán jurisdicción sobre crímenes con importancia internacional—crímenes enjuiciables en cualquier jurisdicción de acuerdo con lo establecido en los tratos internacionales incluyendo las Convenciones de Ginebra—sin importar la nacionalidad de las victimas ni de los acusados. Como resultado, las demandas de genocidio de indígenas guatemaltecos fue restituido.
El Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional se encargo del caso. Como parte de la primera etapa de investigación, el Juez Pedraz viajo a Guatemala para tomar declaraciones de los acusados. Sin embargo, los acusados discutieron la jurisdicción de Pedraz y pusieron una demanda alegando una violación de sus derechos constitucionales. Sin poder tomar declaraciones formales, Pedraz pudo regresar a España con la evidencia suficiente para poder presentar cargos oficiales.
Ordenes de aresto internacionales y petición de extradicción
En Julio 2006, el Juez Pedraz emitió una orden de arresto para los ocho acusados nombrados en el caso, incluyendo a Ríos Montt, y emitió una orden para congelar los bienes de los acusados. A este punto, CJA se convirtió en el representante principal y empezó a trabajar cercanamente con el Juez Pedraz en las batallas legales alrededor de las ordenes de arresto. CJA también monto un equipo legar con abogados de Guatemala, los Países Bajos, España y los EEUU.
Las ordenes de arresto fueron aceptadas por la Corte Constitucional de Guatemala (CCG) y procedimientos de extradición fueron iniciadas. En Marzo 2007, CJA presento una demanda enmendada de parte de dos clientes nuevos, Jesús Tecú Osorio y Juan Manuel Jeronimo—ambos sobrevivientes de la masacre de 1982 llevada a cabo por el ejército guatemalteco en el área de Baja Verapaz.
En Octubre 2007, las Cortes Guatemaltecas negaron la apelación final de los dos acusados: Director de la Policía Nacional García Arredondo y el General Guevara Rodríguez. A este punto, los procedimientos de extradición deberían de haberse movido hacia delante para transferir los acusados a España.
Imprevistamente, en Diciembre 207, la CCG se marcho atrás y mantuvo que las ordenes de arresto y solicitudes de extradición eran invalidas. En respuesta, el Juez Pedraz emitió una llamada internacional para invitar a testigos para viajar a Madrid para presentar evidencia sobre el genocidio.
Previamente CJA recibió permiso de la corte para traer a 40 testigos individualmente para testificar en España en tres grupos separados debido a preocupaciones de seguridad. Después de la llamada del juez, muchos testigos mas, incluyendo Rigoberta Menchú Tum, viajaron a Madrid para dar evidencia.
CJA, como representante principal, organizo cuatro delegaciones de testigos. El primer grupo testifico en Enero de 2008 e incluyo a quince sobrevivientes y tres expertos. La presentación del testimonio fue un momento histórico para los sobrevivientes Mayas ya que represento la primera vez que una corte nacional les permitió presentar evidencia de la campaña de tortura, violación y matanza perpetrada contra sus comunidades a principios de 1980. Mientras la mayoría de las identidades de los testigos se mantuvo confidencial por preocupaciones de seguridad, clientes de CJA Jesús Tecú Osorio y Juan Manuel Jeronimo testificaron públicamente.
Una segunda ronda de testimonio, que incluye seis sobrevivientes y cuatro expertos, se llevo acabo en Mayo de 2008. Una tercera ronda de testimonio, incluyendo seis sobrevivientes y un experto, se llevo acabo en Madrid en Octubre 2008.
En Febrero de 2009 CJA patrocino una cuarta ronda de testimonio en Madrid. El 17 de Febrero, casi diez años después de la presentación del informe final de la Comisión de Verdad para Guatemala de las Naciones Unidas (conocido también como CEH), el presidente de CEH, Christian Tomuschat testifico. El profesor Tomuschat es un erudito de ley internacional y de derechos humanos; este testimonio marca la primera vez que Tomuschat ha testificado públicamente sobre el trabajo de la CEH y el fracaso del gobierno guatemalteco en cooperar con la investigación. Katherine Doyle del Nacional Security Archive (NSA) testifico el próximo día sobre miles de documentos desclasificados de los EEUU relacionados con la guerra civil. Los documentos provénieron de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Estado, y el Departamento de Defensa. Doyle testifico en detalle sobre las actividades de las Fuerzas Armadas de Guatemala y sus operaciones de matar a miles de civiles Mayas. Ella testifico sobre la composición del militar, los comandantes, campañas, planes militares y operaciones generales.
Proyecto Evidencia Guatemala
Además del Caso de Genocidio de Guatemala, CJA, la Fundación Myrna Mack, Impunity Watch, The Nacional Security Archive y U.C. Hastings College of Law actualmente están completando trabajo en el Proyecto Evidencia Guatemala—un esfuerzo conjunto para trazar las estructuras de los militares y orden policial en Guatemala durante el periodo de los 20 años de guerra civil. El informe en Español será disponible a abogados de derechos humanos trabajando en casos pendientes en Guatemala, España, Bélgica, y la Corte Inter-Americana.
