Aquel día la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) presentaron en la Audiencia Nacional una querella contra el entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani; Humberto Larios, ministro de Defensa; Juan Orlando Zepeda, coronel y viceministro de Defensa; Inocente Orlando Montano, coronel y viceministro de Seguridad Pública y un grupo del batallón de Infantería Atlacalt, encargados de ejecutar los asesinatos.
